nota central

LA CAPITAL: LA CAUSA MÁS GRANDE DE TRIBUNALES

Veinticinco cuerpos y más de seiscientos expedientes tiene la causa por administración fraudulenta del diario La Capital. Es una de las más grandes de los Tribunales provinciales y está entre las cinco más importantes del interior del país. En el edificio de Balcarce y Pellegrini es conocida por todos los abogados, y el acceso a ella representa una tarea casi imposible. En noviembre de 2000, con un pasivo que llegaba a más 40 millones de pesos-dólares, Editorial Diario La Capital entró en convocatoria de acreedores. Con un déficit descubierto de alrededor de 20 millones de pesos-dólares, Seller, la empresa comercializadora del decano de la prensa argentina, también era concursada en marzo de 2001. La sindicatura decidió la coadministración de la firma, disponiendo a tres síndicos y un contador para controlarla.

Los informes que ellos le acercaron a la jueza hicieron que Cicuto ordene la intervención judicial de Seller. Pese a que los trabajadores entendieron que ésto significaba una profundización del avance judicial sobre la empresa, Vila y Manzano realizaron una lectura particular del asunto y –hacia fin del 2003– liberaron nuevamente la caja de Seller, en una insólita demostración de fuerza, echando literalmente al contador de los síndicos, quienes en una no menos insólita demostración de debilidad dejaron sus puestos vacantes durante casi cinco meses. ¿Qué pasó en estos meses de ausencia de control? Fuentes judiciales señalaron que los síndicos presentaron, hace unos diez días, un informe calificado y reservado en el que afirman que faltan entre 800 mil y un millón de pesos, que a ellos les consta que estaban en la caja cuando fueron echados. El último capítulo de una novela larga que parece no terminar nunca.

Durante ese período, hubo un sinnúmero de idas y vueltas, y de resoluciones que disponía la jueza de la 4º Nominación en lo civil y comercial Silvia Cicuto. La magistrada le otorgaba más funciones a la sindicatura para que se haga fuerte frente a los dueños del Multimedios, aunque –según versiones de algunos trabajadores del diario– los síndicos nunca las ejercieron (y volvían sistemáticamente al juzgado a pedirle explicaciones a Cicuto sobre cada una de las resoluciones).
Así durante casi cinco meses, hasta que hace veinte días, por fin los temerosos síndicos, empujados por la jueza, se presentaron en la empresa junto a un escribano público para volver a ocupar sus responsabilidades en la caja, vacantes desde que les dijeron que allí no tenían lugar echando a su contador. Ahí descubrieron el faltante en la caja.

El comienzo. Desde que en 1997 el Grupo Uno le compró en una extraña maniobra el paquete accionario de La Capital a la familia Lagos, las demandas por incumplimiento de lo pactado fueron cruzándose en un proceso legal que parece interminable. Hoy hay dos grandes causas pendientes. Una por “administración fraudulenta, asociación ilícita y estafas” que presentó Carlos María Amadeo “Bocha” Lagos contra Daniel Vila y José Luis Manzano como titulares del grupo Uno, que avanzó hasta lugares impensados. Tanto es así que representó para los cuyanos la primera vez que pisaron Tribunales en calidad de indagados, pese a tener más de treinta denuncias en sus espaldas. Lo cierto es que el juez Carlos Triglia llegó a imputarlos y, si no fuera por una inteligente jugada de Vila y Manzano para desprestigiar al magistrado y apartarlo de la causa, hoy sería posible que los dos estén procesados, lo que por la legislación de las sociedades anónimas, les impediría ser parte del Multimedios.

En tanto, ambas causas están íntimamente ligadas. Tal es el caso de uno de los temas más urticantes de la causa en la que entendía Triglia y todavía nadie quiere agarrar: la transferencia de varios créditos y préstamos internos que los cuyanos transfirieron de Editorial Diario La Capital a empresas suyas, violando el contrato social. Para conocer el monto total de estas transacciones, el Banco Nación está realizando una verificación a pedido expreso de la jueza Cicuto. Extraoficialmente, en Tribunales señalan que el número supera los siete millones de pesos.
De ahí que la estrategia del Bocha sea el petardismo contra los mendocinos en la causa de la convocatoria de acreedores, siendo que los máximos cargos jerárquicos –es decir, la responsabilidad suprema en el concurso– la tienen los del Grupo Uno. Ambos bandos tratan de ensuciarse mutuamente y vigilan permanentemente que nadie saque plata de Editorial Diario La Capital ni de Seller.

La madre de todas. En octubre de 2001 comienza a tramitarse la causa por el concurso de acreedores de La Capital, y ante la vacante en el juzgado de la 4ª Nominación en lo Civil y Comercial –donde debía recaer– por sorteo llega a manos de la doctora Liliana Giorgetti, a cargo de la 8ª Nominación en el mismo fuero. Allí la causa duró cerca de nueve meses.
Allegados al Bocha hoy catalogan a ese período como “un chiquero”. El dato más significativo fue que la propia hija de la jueza Giorgetti, María Angélica Macaño, es abogada del estudio Casanova, defensores de los empresarios mendocinos enfrentados a Lagos y titulares tanto de Seller como de Editorial Diario La Capital. En otras palabras, la jueza estaba investigando a la empresa que su hija representaba ante la ley. Pese al pedido formal que hicieron para que la magistrada se excuse ante el vínculo familiar directo con una de las partes, la Cámara de Apelaciones confirmó a Giorgetti.
También, durante esa etapa se descubrió un considerable traspaso gratuito de papel desde Rosario a Paraná, más precisamente desde el diario La Capital al Uno entrerriano, cuyos dueños son también los mendocinos. Así la cosa, las bobinas las pagaba el decano de la prensa argentina y las consumía gratuitamente el diario Uno.

Otra jueza. Tras los primeros nuevos meses, en julio de 2002, el juzgado de la 4ª Nominación se cubre y la causa pasa a manos de la jueza Silvia Cicuto, cambio que reacomoda el panorama judicial de la convocatoria. Aquí las lecturas se desdoblan respecto al accionar de Cicuto. Por un lado, trabajadores de La Capital que siguen la causa aseguran que la doctora quiere hacer un trabajo prolijo y por sobre todas las cosas, sobrevivir. Ejemplo de esta actitud de Cicuto fue la orden que impartió a los fines de disponer de un stock mínimo de papel que tiene que quedar en el diario rosarino y su intención de investigar si las bobinas fueron regaladas o vendidas, como se defienden los mendocinos. Tal es la importancia que la jueza le da al tema del papel transferido, que de los tres síndicos de la intervención, uno de ellos se encarga con exclusividad del tema.

Para la gente de Lagos, sin embargo, el accionar de la jueza tiene más que ver con una administración moderada de la caja del diario La Capital que con una intervención judicial real.
Poco antes de mediados de 2003, la jueza Silvia Cicuto dictó la coadministración de Seller, removiendo al director Tomás Gluck, y disponiendo de un grupo de síndicos para controlar los manejos económicos. Pero la cosa no quedó ahí: a fin de ese año, tras estudiar los distintos informes que elevó la sindicatura (cuyo abogado es el presidente del Colegio de Abogados, Mario Holland), la jueza decide intervenir judicialmente la empresa.

Según fuentes tribunalicias, desde el principio los síndicos no entendieron –o no quisieron hacerlo– que sobre sus espaldas recaía la nada grata tarea de poner en su lugar a una empresa concursada e intervenida judicialmente, manejada por uno de los grupos empresariales de comunicación más importantes del país. Tanto es así, que tuvieron la oportunidad histórica de remover a los gerentes y no lo hicieron, medida que hasta los mendocinos se esperaban. “Así, de entrada la sindicatura perdió terreno en Seller y en Editorial Diario La Capital frente a los temerarios Vila y Manzano, hábiles tanto en el terreno empresarial como en el judicial”, dicen los mismos voceros.

NOTICIA NEGRA

La concentración de los medios en pocas manos, el trabajo no registrado de más de 1.800 personas y los desmanejos de los empresarios ponen en jaque a los hombres de prensa. Ese es el contexto en el que los periodistas rosarinos hacen su tarea cotidiana.

El Sindicato de Prensa de Rosario tiene casi 600 afiliados. Por lo menos el triple trabaja en negro, sin estar registrados y sin aportes patronales. Absolutamente todos los trabajadores de prensa de las aproximadamente 330 emisoras de Frecuencia Modulada que hay en la ciudad –sólo 44 están registradas por el Comfer– son empleados en negro. Canal 5 tiene sólo diez afiliados al gremio. La filial local de la empresa de tevé por cable Multicanal no registra afiliados a Prensa. Tampoco existen trabajadores de prensa en Cablevisión, y en Cablehogar se contabilizan tres. Los contratos de tres meses hasta hace poco eran habituales en Canal 3, y en estaciones radiales de amplitud modulada como LT8 y LT3 el número de empleados sin anotar dobla el de registrados en el sindicato. Los diarios La Capital y El Ciudadano están en convocatoria de acreedores. Mientras el decano de la prensa argentina acumula 25 cuerpos y 600 expedientes en tribunales por distintas irregularidades administrativas –es una de las causas más grandes de la Justicia provincial–, el diario de Eduardo J. López no hace aportes de ningún tipo desde hace tres años, no entrega recibos de sueldo a sus empleados y paga de manera irregular a pesar de que el concurso de acreedores obliga a regularizar la situación a riesgo de decretar la quiebra. En este contexto, hablar de libertad de expresión suena ridículo. De más está decir que los derechos vulnerados de los trabajadores de prensa no son noticia corriente en los medios de comunicación, por una cuestión corporativa: ningún empresario habla de cómo se trabaja en otra empresa. Pocos días después de conmemorarse el Día del Periodista, el panorama oscuro de los medios rosarinos obliga a la reflexión a quienes vivimos de la profesión y a quienes defienden el derecho a estar informados para poder elegir.

Frecuencia Modulada. El escalón más bajo de los trabajadores de prensa –algo así como los kelpers o la casta de “los intocables” del periodismo local– son los empleados de las FM. Canjes publicitarios, sueldos magrísimos o directamente nada es lo que reciben a cambio de su esfuerzo. De las aproximadamente 330 estaciones que existen en Rosario, sólo 44 figuran en los listados del Comfer. Ningún trabajador de estas emisoras está afiliado al Sindicato de Prensa local, a pesar de que analistas, periodistas, movileros, columnistas y productores todos los días hacen lo suyo en alguna de estas empresas.
Según Roberto Lara, propietario de la FM Hollywood, el panorama de las ondas rosarinas es el siguiente. “Hay radios comunitarias, evangelistas, un radio católica, aparte de las cuatro o cinco FM oficiales. Hay grupos empresariales que tienen dos o tres emisoras: el grupo Fisherton, el grupo Cristal, FM Vida con Radio2 a la cabeza y también LT8 con Estación del Siglo. El resto de las FM son unipersonales, la mayoría de ellas están en manos de gente que ha arribado a la profesión por poner un negocio como cualquier otro comercio, no vienen del rubro radiotelevisivo”.
Para explicar el por qué de la precaria situación de los trabajadores de FM, Lara dice que “al estar las emisoras más o menos legalizadas con los Permisos Precarios y Provisorios (PPP), no están dentro de la ley total. Hace falta que el gobierno reglamente la nueva ley de radiodifusión para que se ingrese en un marco jurídico, técnico y estético. Y tener el personal adecuado en cada uno de los rubros: operadores, locutores, administrativos. Mientras, todos los grupos empresariales y las emisoras que tienen un titular funcionan de forma precaria y provisoria, tal cual dice su permiso de radiodifusión. No se pueden desarrollar contenidos periodísticos en las FM hasta que no esté la nueva ley. Al funcionar bajo los PPP, no hay otra posibilidad, porque si no terminaríamos con todos juicios laborales”.

Amplitud Modulada. En LT8 Radio Rosario, la radio insignia del Multimedios La Capital, los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente, entre otras cosas, porque están cobrando desde hace años en tres cuotas. Además, faltan aportes jubilatorios, los que también son descontados en los recibos de sueldo. Tiene alrededor de 60 empleados regularizados y se especula que más de cien en negro.
La vecina LT3, Radio Cerealista, comandada por el presidente de Newell’s Eduardo López, es la empresa mediática rosarina con peores sueldos, por lo que es una constante la lucha por el aumento salarial. Pagan con casi un mes de atraso y a pesar de figurar en los recibos como descontados, los aportes previsionales y de obra social tampoco se realizan. Tiene 20 trabajadores afiliados al Sindicato de Prensa y se calcula que unos 50 están en negro.
Radio 2, la AM del grupo Televisión Litoral, es la que más se acerca a una situación regularizada, ya que ante la amenaza de inspecciones en el marco de la campaña nacional de regularización del trabajo en negro, tuvo que pasar a planta permanente a varios empleados a los que se los contrataba sistemáticamente, mes a mes.
En el caso de Radio Nacional, al depender de la Secretaría de Comunicación de la Nación, la totalidad de sus trabajadores son considerados empleados del correo, por lo que ninguno está encuadrado en el correspondiente convenio laboral. Esta es una pelea de Prensa a nivel nacional. Por eso se está tratando de que se reconozcan los convenios y los estatutos profesionales para sus trabajadores.

Televisión. Canal 5 pertenece al grupo de emisoras de TV del interior del país que tiene como cabecera a Telefé, que pertenece al grupo Admira (ex Telefónica Media). Desde que la ley de radiodifusión permite tener más canales a una sola firma, la caja fue centralizada en Buenos Aires, lo que acarrea conflictos laborales. Por ahora, sólo diez empleados están afiliados al Sindicato de Prensa, y en este momento están peleando un aumento significativo con la casa central, ya que los salarios del personal no jerárquico son bastante bajos. Por eso, no es raro encontrarse con alguna figura del noticiero viajando en colectivo y que para redondear un sueldo decente deban realizar horas extras, ya que esa es la opción que les brinda la patronal para ganar más dinero.
En el caso de Canal 3, sigue pendiente en Tribunales la demanda por desmanejos al frente de la empresa y desplazamiento de los socios minoritarios que enfrenta el grupo Gollán, encabezado por Don Alberto, quien maneja el mayor porcentaje del paquete accionario. Para evitar perjuicios legales, los integrantes del directorio habían renunciado el año pasado y nombrado a personas de confianza en su lugar.

Televisión por cable. En estas empresas, la cosa es peor. Las cabeceras en Rosario de Multicanal (grupo Clarín) y Cablevisión (grupo Hamich), no registran trabajadores de prensa en sus filas, a pesar de que las dos tienen señales locales donde se emiten noticieros y programas periodísticos todo el tiempo. En el caso de Cablehogar –su dueño es Gabriel Bandiera, quien posee proveedoras de tevé por cable en Salta y Santiago del Estero, donde tiene un semanario– su señal local se publicita como “el canal de noticias de Rosario las 24 horas”, pero sólo figuran dentro de su planta tres empleados afiliados al sindicato, incluyendo a quienes actualizan diariamente el sitio de noticias de la firma, Notiexpress. ¿Mucho trabajo para sólo tres periodistas, no?

Negreo a diario. La quiebra con clausura del diario El Ciudadano fue decretada el 27 de octubre de 2003, pero en febrero de 2004 logró reconvertirse en convocatoria de acreedores, con efecto retroactivo. La deuda con la Afip (el principal acreedor) y con los trabajadores entró en el concurso, pero la generada posteriormente –en realidad, desde hace al menos tres años no se hacen los aportes patronales, a la obra social y al gremio, a pesar de que sí se descuentan del sueldo– no está permitida por la ley de concursos.
Por si fuera poco, se cobra casi un mes atrasado, con cheques cruzados –no hay cuentas sueldo–, no se entregan los recibos, no hay calefacción y faltan insumos mínimos para el trabajo. Los trabajadores del diario lo sostienen, porque son los principales interesados en que la fuente de trabajo siga abierta.

Un pequeño triunfo. Hace dos semanas, en una suerte de merecido regalo por el Día del Periodista, alrededor de 400 trabajadores y ex trabajadores del diario La Capital, acompañados por el Sindicato de Prensa local, lograron cobrar judicialmente parte de la deuda que el decano mantiene con ellos desde antes de 1997. En total, el monto se acercaba a los diez millones de pesos, lo que los convierte en los segundos acreedores de la convocatoria de Editorial Diario La Capital y Seller, después de la Afip, con una deuda de 24 millones.
Tras una serie de tragicómicas ofertas de pago por parte de los cuyanos –entre las que se destacaron chacras en la provincia de Mendoza y un edificio sobrevaluado propiedad de los Gluck–, los laburantes lograron llegar a un acuerdo de pronto pago con la jueza Silvia Cicuto por el cual empezaron a cobrar –en el mismo juzgado– la primera cuota del 61 por ciento de la deuda, lo que para el gremio que los nuclea representa un logro significativo.
Por su parte, los empresarios del Multimedios, de ambos bandos, miraron con recelo la medida. No quieren que nadie toque la plata que queda. Menos que nadie estos acreedores.