LA CAPITAL: LA CAUSA MÁS GRANDE DE TRIBUNALES

Veinticinco cuerpos y más de seiscientos expedientes tiene la causa por administración fraudulenta del diario La Capital. Es una de las más grandes de los Tribunales provinciales y está entre las cinco más importantes del interior del país. En el edificio de Balcarce y Pellegrini es conocida por todos los abogados, y el acceso a ella representa una tarea casi imposible. En noviembre de 2000, con un pasivo que llegaba a más 40 millones de pesos-dólares, Editorial Diario La Capital entró en convocatoria de acreedores. Con un déficit descubierto de alrededor de 20 millones de pesos-dólares, Seller, la empresa comercializadora del decano de la prensa argentina, también era concursada en marzo de 2001. La sindicatura decidió la coadministración de la firma, disponiendo a tres síndicos y un contador para controlarla.

Los informes que ellos le acercaron a la jueza hicieron que Cicuto ordene la intervención judicial de Seller. Pese a que los trabajadores entendieron que ésto significaba una profundización del avance judicial sobre la empresa, Vila y Manzano realizaron una lectura particular del asunto y –hacia fin del 2003– liberaron nuevamente la caja de Seller, en una insólita demostración de fuerza, echando literalmente al contador de los síndicos, quienes en una no menos insólita demostración de debilidad dejaron sus puestos vacantes durante casi cinco meses. ¿Qué pasó en estos meses de ausencia de control? Fuentes judiciales señalaron que los síndicos presentaron, hace unos diez días, un informe calificado y reservado en el que afirman que faltan entre 800 mil y un millón de pesos, que a ellos les consta que estaban en la caja cuando fueron echados. El último capítulo de una novela larga que parece no terminar nunca.

Durante ese período, hubo un sinnúmero de idas y vueltas, y de resoluciones que disponía la jueza de la 4º Nominación en lo civil y comercial Silvia Cicuto. La magistrada le otorgaba más funciones a la sindicatura para que se haga fuerte frente a los dueños del Multimedios, aunque –según versiones de algunos trabajadores del diario– los síndicos nunca las ejercieron (y volvían sistemáticamente al juzgado a pedirle explicaciones a Cicuto sobre cada una de las resoluciones).
Así durante casi cinco meses, hasta que hace veinte días, por fin los temerosos síndicos, empujados por la jueza, se presentaron en la empresa junto a un escribano público para volver a ocupar sus responsabilidades en la caja, vacantes desde que les dijeron que allí no tenían lugar echando a su contador. Ahí descubrieron el faltante en la caja.

El comienzo. Desde que en 1997 el Grupo Uno le compró en una extraña maniobra el paquete accionario de La Capital a la familia Lagos, las demandas por incumplimiento de lo pactado fueron cruzándose en un proceso legal que parece interminable. Hoy hay dos grandes causas pendientes. Una por “administración fraudulenta, asociación ilícita y estafas” que presentó Carlos María Amadeo “Bocha” Lagos contra Daniel Vila y José Luis Manzano como titulares del grupo Uno, que avanzó hasta lugares impensados. Tanto es así que representó para los cuyanos la primera vez que pisaron Tribunales en calidad de indagados, pese a tener más de treinta denuncias en sus espaldas. Lo cierto es que el juez Carlos Triglia llegó a imputarlos y, si no fuera por una inteligente jugada de Vila y Manzano para desprestigiar al magistrado y apartarlo de la causa, hoy sería posible que los dos estén procesados, lo que por la legislación de las sociedades anónimas, les impediría ser parte del Multimedios.

En tanto, ambas causas están íntimamente ligadas. Tal es el caso de uno de los temas más urticantes de la causa en la que entendía Triglia y todavía nadie quiere agarrar: la transferencia de varios créditos y préstamos internos que los cuyanos transfirieron de Editorial Diario La Capital a empresas suyas, violando el contrato social. Para conocer el monto total de estas transacciones, el Banco Nación está realizando una verificación a pedido expreso de la jueza Cicuto. Extraoficialmente, en Tribunales señalan que el número supera los siete millones de pesos.
De ahí que la estrategia del Bocha sea el petardismo contra los mendocinos en la causa de la convocatoria de acreedores, siendo que los máximos cargos jerárquicos –es decir, la responsabilidad suprema en el concurso– la tienen los del Grupo Uno. Ambos bandos tratan de ensuciarse mutuamente y vigilan permanentemente que nadie saque plata de Editorial Diario La Capital ni de Seller.

La madre de todas. En octubre de 2001 comienza a tramitarse la causa por el concurso de acreedores de La Capital, y ante la vacante en el juzgado de la 4ª Nominación en lo Civil y Comercial –donde debía recaer– por sorteo llega a manos de la doctora Liliana Giorgetti, a cargo de la 8ª Nominación en el mismo fuero. Allí la causa duró cerca de nueve meses.
Allegados al Bocha hoy catalogan a ese período como “un chiquero”. El dato más significativo fue que la propia hija de la jueza Giorgetti, María Angélica Macaño, es abogada del estudio Casanova, defensores de los empresarios mendocinos enfrentados a Lagos y titulares tanto de Seller como de Editorial Diario La Capital. En otras palabras, la jueza estaba investigando a la empresa que su hija representaba ante la ley. Pese al pedido formal que hicieron para que la magistrada se excuse ante el vínculo familiar directo con una de las partes, la Cámara de Apelaciones confirmó a Giorgetti.
También, durante esa etapa se descubrió un considerable traspaso gratuito de papel desde Rosario a Paraná, más precisamente desde el diario La Capital al Uno entrerriano, cuyos dueños son también los mendocinos. Así la cosa, las bobinas las pagaba el decano de la prensa argentina y las consumía gratuitamente el diario Uno.

Otra jueza. Tras los primeros nuevos meses, en julio de 2002, el juzgado de la 4ª Nominación se cubre y la causa pasa a manos de la jueza Silvia Cicuto, cambio que reacomoda el panorama judicial de la convocatoria. Aquí las lecturas se desdoblan respecto al accionar de Cicuto. Por un lado, trabajadores de La Capital que siguen la causa aseguran que la doctora quiere hacer un trabajo prolijo y por sobre todas las cosas, sobrevivir. Ejemplo de esta actitud de Cicuto fue la orden que impartió a los fines de disponer de un stock mínimo de papel que tiene que quedar en el diario rosarino y su intención de investigar si las bobinas fueron regaladas o vendidas, como se defienden los mendocinos. Tal es la importancia que la jueza le da al tema del papel transferido, que de los tres síndicos de la intervención, uno de ellos se encarga con exclusividad del tema.

Para la gente de Lagos, sin embargo, el accionar de la jueza tiene más que ver con una administración moderada de la caja del diario La Capital que con una intervención judicial real.
Poco antes de mediados de 2003, la jueza Silvia Cicuto dictó la coadministración de Seller, removiendo al director Tomás Gluck, y disponiendo de un grupo de síndicos para controlar los manejos económicos. Pero la cosa no quedó ahí: a fin de ese año, tras estudiar los distintos informes que elevó la sindicatura (cuyo abogado es el presidente del Colegio de Abogados, Mario Holland), la jueza decide intervenir judicialmente la empresa.

Según fuentes tribunalicias, desde el principio los síndicos no entendieron –o no quisieron hacerlo– que sobre sus espaldas recaía la nada grata tarea de poner en su lugar a una empresa concursada e intervenida judicialmente, manejada por uno de los grupos empresariales de comunicación más importantes del país. Tanto es así, que tuvieron la oportunidad histórica de remover a los gerentes y no lo hicieron, medida que hasta los mendocinos se esperaban. “Así, de entrada la sindicatura perdió terreno en Seller y en Editorial Diario La Capital frente a los temerarios Vila y Manzano, hábiles tanto en el terreno empresarial como en el judicial”, dicen los mismos voceros.